La Contre-Réforme catholique au XXe siècle
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Punto 94. La política económica

La función económica del gobierno será una parte importante de su actividad. Su meta será apoyar y orientar el desarrollo económico del país, y por ende su prosperidad.

Será menester que primero recobre la soberanía sobre la moneda, medio indispensable para mantener el orden y la honestidad en las finanzas de la nación. En efecto, es necesario tener un poder absoluto sobre el organismo central creador de la moneda a fin de vigilar desde arriba todos los medios de pago, sus emisiones, particularmente los créditos bancarios, todos los elementos que influyen sobre el volumen y el valor de la moneda.

Se hará un deber moral en garantizar su estabilidad, su curso, defenderla contra toda empresa de especulación, contra las facilidades y abusos bancarios interiores y extranjeros, en fin contra las peligrosas pérdidas del mismo Estado imponiéndole una fuerte disciplina e cuanto a su presupuesto y finanzas.

Para controlar las cuentas del Estado y de la nación, el jefe de Estado tendrá a su disposición el Tribunal de cuentas, antigua jurisdicción real, que perseguirá eficazmente y sin remisión política prevaricaciones y dilapidaciones, en particular contra los servidores del Estado cuya corrupción será criminalizada y castigada duramente.

Como lo veremos en el estudio de la doctrina comunitaria, el Estado debe jugar un papel fundamental en la distribución del territorio, en la gestión de las fuentes naturales que no sabría dejar a la libre disposición de los intereses particulares, en la política enérgica cuya importancia implica una ruda competencia entre países y supone pues una ayuda diplomática, y hasta militar.

El Estado puede también iniciar o facilitar estrategias de desarrollo económico en acuerdo con los empresarios del país, poner a su disposición los instrumentos de estudio del mercado, una ayuda a la exploración y una política fiscal.

De manera muy particular en este campo, la acción de la autoridad soberana será complementaria de las iniciativas privadas. Los incitará, los animará, eventualmente les dará ejemplos apoyando empresas en nuevos campos.

A lo largo de nuestra tercera parte, la de la doctrina ecológica comunitaria, veremos al Estado tener a menudo que intervenir, por ejemplo en los organismos asociativos. Siempre será con el único principio de apoyar las libertades  de las empresas y de las asociaciones, animar, garantizar la prosperidad del país o defenderla.

También se tiene que incluir las relaciones con los países en proceso de desarrollo.

Será pues una política realista, a largo plazo porque liberados del peso de las elecciones, sin burocracia inútil y sobre todo adaptadísima a las verdaderas necesidades del país a causa de los poderes importantes conferidos a los gobiernos de las provincias.